
Los últimos hallazgos del India Justice Report (IJR) revelan una verdad impactante sobre la situación de la India. sistema de justicia juvenil: Más de 50.000 niños en conflicto con la ley todavía esperan justicia, al 31 de octubre de 2023. Con el 55% de los casos pendientes ante 362 Juntas de Justicia Juvenil (JJB) en todo el país, la brecha entre la política y la práctica nunca ha sido tan marcada. Para los niños atrapados en el sistema, este retraso representa no sólo una ineficiencia burocrática, sino también un fracaso de la justicia misma.
La Ley de Justicia Juvenil (Cuidado y Protección) (Ley JJ), diseñada para salvaguardar los derechos de los niños en conflicto con la ley, fue aclamada como un paso adelante progresista cuando se promulgó hace una década. Sin embargo, el informe del IJR pinta un panorama sombrío de falla sistémica, destacando brechas críticas en infraestructura, personal y transparencia de datos que han dejado a los niños vulnerables en el limbo. ¿Qué salió mal? Y lo más importante, ¿qué se puede hacer para solucionarlo?
La crisis de la penitencia: Justicia denegada a miles de personas
Las cifras son profundamente preocupantes. De los 100.904 casos presentados ante las JJB, menos de la mitad han sido resueltos. El pendencia La tasa varía drásticamente en todo el país: desde un atroz 83% en Odisha hasta un relativamente inferior 35% en Karnataka. Pero independientemente del estado, la verdad es la misma: no se hace justicia y, como resultado, los niños sufren.
Una de cada cuatro juntas de justicia juvenil en todo el país funciona sin un tribunal completo. Esto significa que las decisiones críticas sobre la vida de los niños, que a menudo implican su rehabilitación o encarcelamiento, las toman juntas incompletas. ¿Cómo se puede confiar en que un sistema que ni siquiera puede cumplir con sus requisitos más básicos protegerá los derechos de los más vulnerables?
No se trata sólo de una cuestión de retrasos en los procedimientos. Para los niños atrapados en esta parálisis, cada día que pasa sin resolución es otro día de incertidumbre y trauma. Cuando se deja que los niños languidezcan en el sistema, este los despoja de su infancia, su dignidad y su futuro.
Infraestructura y dotación de personal: un sistema bajo presión
Uno de los problemas más evidentes identificados por el IJR es la escasez crónica de personal y recursos de las instituciones de justicia juvenil. En todo el país, el 30% de las Juntas de Justicia Juvenil carecen de un órgano adjunto Servicios Legales Clínica, dejando a los niños sin asistencia jurídica adecuada. En un sistema que ya está sobrecargado, la ausencia de personal capacitado exacerba el problema, generando una abrumadora acumulación de casos y contribuyendo a las profundas desigualdades entre los estados.
Las vacantes en puestos clave son otro defecto sistémico. Casi el 30% de los puestos de trabajadores sociales en las Unidades Especiales de Policía Juvenil (SJPU) siguen vacantes y, en varios estados, las instituciones de cuidado infantil (CCI) funcionan con un personal mínimo. En 2023, solo había 40 CCI para niñas en 292 distritos, lejos del mínimo requerido para satisfacer las necesidades de los niños a los que atienden. Estas instituciones, muchas de las cuales están destinadas a brindar atención y rehabilitación, están mal inspeccionadas, carecen de fondos suficientes y, a menudo, carecen de apoyo médico y psicológico básico.
Aún más preocupante es el estado de la atención médica de los niños en estos hogares. En 128 ICC, sólo hay 28 médicos disponibles, y casi el 80% de las instituciones no cuentan con ningún médico. ¿Cómo se puede esperar que los niños en crisis, muchos de los cuales sufren un trauma, se curen en tales condiciones?
La desconexión de los datos: una nación a oscuras
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio del IJR es la falta de transparencia de los datos dentro del sistema de justicia juvenil. A diferencia de la Red Nacional de Datos Judiciales, que rastrea el progreso de los casos en los tribunales, no existe una base de datos central de acceso público para las JJB. La falta de datos fiables significa que ni siquiera las preguntas más básicas sobre el funcionamiento del sistema pueden responderse sin presentar una documentación. RTI solicitudes. El IJR presentó más de 250 RTI para obtener información, y sólo una fracción de los estados respondió con datos completos.
Este vacío de datos hace que sea casi imposible evaluar la eficacia de las instituciones de justicia juvenil a nivel nacional o estatal. Si las autoridades no recopilan ni comparten datos de forma rutinaria, ¿cómo podemos esperar que controlen la eficacia del sistema? ¿Cómo podemos responsabilizarlos por sus fracasos?
Una década de fracasos: ¿por qué el sistema no ha dado resultados?
La Ley de Justicia Juvenil pretendía ser una reforma histórica, centrada en la rehabilitación más que en el castigo, y en garantizar que los niños en conflicto con la ley fueran tratados con dignidad y cuidado. Sin embargo, a pesar de una década de implementación, nos quedamos con un sistema que, en muchos casos, no logra satisfacer las necesidades básicas de los niños.
Los hallazgos del IJR sugieren que la estructura descentralizada del sistema de justicia juvenil, que estaba destinada a brindar servicios más localizados y accesibles, ha creado fallas de coordinación entre agencias, agravadas por una falta de financiamiento y un monitoreo inadecuado.
El informe también señala serias preocupaciones sobre la gobernanza. Si bien los gobiernos estatal y central han realizado algunas inversiones en el sistema de justicia juvenil, las asignaciones presupuestarias siguen siendo lamentablemente inadecuadas. El plan Mission Vatsalya, que busca fortalecer los servicios de protección infantil, recibió solo el 0,03% del total Presupuesto de la Unión para 2025.
Esta asignación no sólo es insuficiente sino que también indica la baja prioridad que el gobierno otorga a abordar las necesidades de los niños en conflicto con la ley.
Un llamado a la acción: ¿Se puede arreglar el sistema?
La pregunta que surge ahora es: ¿Se puede arreglar el sistema? La respuesta es sí, pero requiere una reforma urgente e integral. El informe del IJR ofrece varias recomendaciones, entre ellas:
• Cubrir vacantes en Juntas de Justicia Juvenil e instituciones de cuidado infantil con profesionales capacitados.
• Establecer una base de datos pública centralizada para casos de justicia juvenil para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
• Capacitar a agentes de policía, trabajadores sociales y agentes de libertad condicional para garantizar que estén equipados para atender las complejas necesidades de los niños en conflicto con la ley.
• Evaluaciones independientes periódicas de las instituciones de cuidado infantil y los sistemas de justicia juvenil para garantizar que los niños reciban la atención que necesitan.
Pero quizás lo más importante es que el gobierno debe comprometerse a tratar la justicia juvenil como una cuestión de protección infantil, no meramente legal o burocrática. Esto requerirá un cambio de paradigma en la forma en que se estructura, financia y monitorea el sistema.
Conclusión: Los niños que no logramos proteger
Las conclusiones del IJR ponen al descubierto la cruda realidad de que el menor sistema de justicia no está funcionando y sus fracasos nos están costando muy caro. Más de 50.000 niños siguen esperando justicia. Sus vidas están en suspenso mientras soportan un sistema que no funciona, no cuenta con fondos ni recursos suficientes. Es un fracaso moral, un fracaso jurídico y, en última instancia, un fracaso de nuestra conciencia colectiva.
Como nación, debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a permitir que este sistema siga fallándoles a estos niños? ¿O tomaremos las medidas necesarias para solucionarlo y garantizar que todos los niños en conflicto con la ley tengan una oportunidad justa de ser escuchados, rehabilitados y reintegrados a la sociedad? La respuesta a esa pregunta determinará si realmente nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos o simplemente por el futuro de nuestras instituciones.
Voces
Maja Daruwala, editora en jefe de India Justice Report, dijo: «El sistema de justicia juvenil especialmente diseñado tiene una estructura piramidal. Su funcionamiento óptimo depende de que la información fluya regularmente desde los primeros intervinientes en instituciones individuales como comisarías de policía e instituciones de atención hacia arriba hasta las autoridades supervisoras a nivel de distrito, estado y nacional.
Dra. Maja Daruwala
Sin embargo, los esfuerzos del IJR por acceder a datos confiables provenientes de evidencia generalizada indican que los organismos de supervisión autorizados no los reciben de manera rutinaria ni insisten en recibirlos. Los datos dispersos e irregulares hacen que la supervisión sea episódica y la rendición de cuentas sea vacía”.
Juez Madan B. Lokur, ex juez, Tribunal Supremo de la Indiacomentó: «El estudio de IJR expone las brechas en nuestro sistema de justicia juvenil. A pesar de que han pasado 10 años desde la implementación de la Ley JJ de 2015, es preocupante encontrar que una cuarta parte de los JJB no tenían un banco completo y hay evidencia de un número sustancial de personal vacante en instituciones de cuidado infantil.
Esto tiene un efecto perjudicial para los niños que están bajo su competencia. Durante mi mandato en la Corte Suprema e incluso después, mi esfuerzo fue fomentar el discurso sobre los derechos de los niños y la justicia para los niños, ya sea que estuvieran en conflicto con la ley o necesitaran cuidado y protección; mejorar sus condiciones de vida y hacer que la justicia sea humana y compasiva, con la reintegración y la rehabilitación como objetivo final.
Debería haber un esfuerzo concertado para recopilar y difundir sistemáticamente datos específicos sobre la justicia juvenil. Datos inadecuados y desiguales de RTI es preocupante.
Es esencial que una Red Nacional de Datos centrada en los niños integre información sobre el funcionamiento del sistema de justicia juvenil y que todas las autoridades involucradas publiquen periódicamente datos estandarizados sobre su funcionamiento en relación con los niños. Hasta que no se construya y utilice la columna vertebral de la información, el sistema no podrá servir verdaderamente al interés superior del niño”.
